En lucha por la dehesa comunal

El proceso de concentración parcelaria que se está terminando de ejecutar en el municipio cacereño de Oliva de Plasencia, que incluye la dehesa comunal en la que participan decenas de vecinos del pueblo, ha levantado en pie de guerra a muchos de los pequeños propietarios de esos terrenos. Consideran que la manera en la que se ha llevado a cabo la concentración les perjudica en beneficio de los grandes propietarios, y tienen en marcha una batalla administrativa con la Junta de Extremadura para que dé marcha atrás y para que la dehesa siga siendo explotada de manera comunal, tal y como se ha venido haciendo desde que le fue adquirida al Estado entre finales del siglo XIX y principios del XX.

La dehesa moheda boyal, con una extensión de 326 hectáreas, ha sido dividida en 105 pequeñas parcelas, que se han repartido entre los propietarios-accionistas en función de la participación de cada uno. El problema es que más de la mitad de ellas tienen una extensión inferior a una hectárea, lo cual impide dedicarlas a la ganadería. Los dueños de esas pequeñas porciones de tierra se quejan de que ahora, si quieren sacarles algún tipo de rendimiento, no les va a quedar más remedio que venderlas, y probablemente a un precio muy bajo.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio argumenta por su parte que el proceso de concentración parcelaria que se ha llevado a cabo en Oliva es «totalmente legal» y se ha desarrollado con todas las garantías e informes favorables de los organismos competentes. Señala además que el proceso tiene sus antecedentes hace casi 40 años, y que ya en 1981 se publicó una orden en la que se declaraba de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria en la zona de Oliva de Plasencia. En cuanto a la inclusión de la dehesa comunal en ese procedimiento, la Junta recuerda que fue el entonces alcalde de Oliva de Plasencia, Juan Carlos Oveja, quien la solicitó en 1998 mediante un escrito en el que aparecían también las firmas de «numerosos propietarios de tierras y vuelos» del término municipal de Oliva.

También esgrimen errores técnicos, como la incorrecta valoración del punto de nacimiento del arroyo El Abarcón, que según las mediciones realizadas por el ingeniero agrónomo Modesto Durán nace fuera de la dehesa boyal, y por lo tanto su cauce es público y no se puede parcelar, como se ha hecho. Niegan además que exista utilidad pública en la concentración parcelaria de la dehesa.

La Junta, en cambio, considera que el procedimiento se ha llevado a cabo con todos los parabienes legales y técnicos, y recuerda que hace ya 20 años de la inclusión de la dehesa comunal.